Ley de la comisión presidida por Alberto Beingolea amenaza derechos civiles en la red

Distintos sectores de la sociedad civil y hasta instituciones internacionales han manifestado su preocupación por el avance en el Congreso de la República del Perú de peligrosas iniciativas legislativas que buscan actualizar el catálogo de delitos informáticos vigentes en el Código Penal.

La preocupación se centra principalmente en los proyectos de ley 34/2011-CR y 307/2011-CR presentados con fechas 11 de agosto y 5 de octubre de 2011 respectivamente, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el congresista Alberto Beingolea, cuyo Dictamen Final fue presentado formalmente ante el Congreso el pasado 20 de julio.

En estos proyectos se atentaría contra los derechos y libertades fundamentales de las personas, como por ejemplo en la protección constitucional al secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales, ya que estos derechos se verían afectados por estas iniciativas.

Al mismo tiempo, se obligaría a las empresas de telecomunicaciones e Internet a entregar información personal de los usuarios a las autoridades policiales y de persecución penal, lo cual atenta contra el orden legal vigente.

Al respecto, diversas personas y organizaciones internacionales han hecho un llamado de alerta a la sociedad civil y autoridades peruanas pues consideran que, de aprobarse el proyecto de Ley de Delitos Informáticos, podría sentar un mal precedente a nivel mundial.

Carta abierta de la sociedad civil sobre los proyectos de Ley de Delitos Informáticos en discusión en el Congreso de la República del Perú